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| Vilma Ripoll, el "pollo" Sobrero y Pitrola apoyan los justos reclamos de los trabajadores |
El kirchnerismo siempre buscó mostrarse como un gobierno que no reprime la protesta social. Sin embargo, para los movimientos opositores, la persecución va por otro carril: las causas judiciales. Según las cifras que manejan los abogados que defienden a trabajadores con estos casos, en la actualidad hay unos 4500 procesados por conflictos sociales.
Los casos más resonantes fueron los últimos, cuando la Justicia metió preso al sindicalista Rubén “Pollo” Sobrero luego de un relevamiento vía Facebook por parte de los investigadores. Por su parte, el juez federal de Tres de Febrero, Mariano Larrea, procesó a la dirigente de izquierda Vilma Ripoll, a Néstor Pitrola, del Partido Obrero y a dos delegados de la ex Terrabusi, María Teresa Rosario y Jorge Penayo por el conflicto en Kraft. A todos los embargaron por altas sumas de dinero.
Contra estas medidas, los partidos de izquierda y distintas agrupaciones anunciaron que el 23 de noviembre habrá una marcha nacional con la consigna de “desprocesamiento y libertad de los luchadores”.
En diálogo con Perfil.com Pitrola consideró: “Hay una ofensiva política contra el sindicalismo independiente y la izquierda. La prueba es que reflotaron Kraft, que estaba a punto de prescribir”.
Para Pitrola, “esto da una pauta del problema que tiene la dirigencia sindical oficial. Se ataca a quienes cuestionan a los jeques oficialistas”. El dirigente no tiene dudas cuando afirma que “Cristina quiere disciplinar al movimiento obrero”. Pero nota algo novedoso en su procesamiento y el de Ripoll: “Ahora no sólo es contra delegados, sino también contra políticos que se solidarizan con ellos”.
El 30 de septiembre, Rubén Sobrero fue detenido y acusado de "asociación ilícita". Cinco días después fue excarcelado, y el 11 de noviembre el juez Juan Manuel Yalj, dictó la falta de mérito sobre su persona. Para el dirigente “el Gobierno tiene doble discurso”, ya que “dice que permite la protesta social y no reprime pero por otro lado te judicializa la protesta”, argumentó. Para Sobrero es necesario “ponerle freno a esto porque luego de los trabajadores, los que se solidarizan con ellos, el próximo paso es al que piensa distinto”
Exagerado. Para el dirigente Hugo Yasky, de la CTA oficial, hablar de judicialización de la protesta social es “querer forzar la realidad”. En diálogo con este portal, Yasky consideró que “este es un Gobierno que de todos los que se han sucedido desde el ‘83 a la fecha respetó la demanda, la conflictividad de los sindicatos y no incurrió en acciones represivas”. El sindicalista, cercano al kirchnerismo, quitó la responsabilidad al Poder Ejecutivo “porque no maneja a control remoto los enjuiciamientos”.
Sobre el hecho de que los procesamientos caen sobre sindicatos no K, Yasky consideró erróneo ese análisis y puso como ejemplo los avances sobre José Pedraza, de los Ferroviarios y Juan José Zanola de los Bancarios, dos aliados del kirchnerismo con graves causas abiertas.
Por último habló de los supuestos 4500 procesados: “La cifra puede llegar a ser el acumulado de acciones judiciales que vienen desde distintos gobiernos”.
Qué dicen los abogados. Claudia Ferrero es una de las letradas de la Asociación de Profesionales en Lucha en el Polo Obrero (APEL) y miembro del espacio Memoria, Verdad y Justicia, que realizó el estudio sobre los procesados en el país. Explicó a este portal que en el último año observaron un aumento ponencial en juzgados federales en torno a estas causas.
“Los últimos procesados están por el tema de las agrupaciones contra sindicalismo tradicional. Cada tanto hay un impulso de las causas que tienen como imputación el artículo 19 del Código Penal (que pena el corte de rutas). Ahora a eso se suman artículos de extorsión, entorpecimiento de producción que gravan la situación pero que está dirigido no a cualquier corte sino a los que tienen como protagonistas a nuevas agrupaciones internas que están surgiendo”.
Fuente: Perfil
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