Menem, Kirchner, Cristina: una política de Estado

La megaminería llegó al país de la mano de Carlos Saúl Menem, y los gobiernos kirchneristas la anunciaron y adoptaron como política de Estado. Baste destacar que, según la Secretaría de Minería, al asumir Néstor Kirchner existían 18 proyectos aprobados, y al término del 2010 existían 572: un crecimiento del 3.078 por ciento. Estas solas cifras explican lo numeroso de las protestas populares. Nueve leyes son la base legal del sector1. “Una legislación que nosotros estimamos que fue positiva”, según palabras del entonces presidente Néstor Kirchner al lanzar el Plan Minero Nacional en el 2004, sólo un año después de llegar al poder.

Estas leyes dan a las empresas estabilidad fiscal y cambiaria por 30 años, un tope del 3% a las regalías (cuando en otros países es el 14%), otorgan doble deducción de los principales gastos en el Impuesto a las Ganancias y devolución del IVA a la exploración; las exceptúa del impuesto a la ganancia mínima presunta, al cheque, activos y combustibles líquidos especiales y de contribuciones sobre la propiedad minera. Además, el Estado les entrega gratuitamente información geológica de base, entre otros beneficios que hace que nuestro país sea –a decir del gobierno- competitivo.

 

Cristina profundiza el modelo

La presidente Cristina Fernández de Kirchner avanzó aún más en la senda trazada por Menem y Kirchner cuando en 2008 vetó la Ley 26.148, de protección de glaciares; los diputados del Frente para la Victoria, una semana después impidieron la sesión de la Cámara para evitar que la ley se volviera a tratar y se aprobara sobre tablas, tal era el consenso que tenía. Por eso volvió a aprobarse en el 2010, pero -contra la voluntad de la mayoría de los legisladores-, la presidenta todavía no la reglamenta y, en consecuencia, existe la ley pero no es posible aplicarla.

Mientras así siga, tiene la luz verde el proyecto Pascua Lama, cuyo puntapié inicial lo dio la presidenta al recibir en la Casa Rosada a Peter Munk, de la Barrick Gold, un personaje asociado con el traficante de armas saudita Adnan Khashoggi y el ex presidente norteamericano George Bush (padre) quienes son vinculados, a su vez, con Carlos Menem.

1 http://www.mineria.gov.ar/marcolegal.htm

Asesinato colectivo

¿Cómo es el ruido del hierro cuando se dobla, cuando se encoge, cuando se destroza al abandonar su molde industrial originario para convertirse en otra cosa, en un metal mortal? ¿Cómo es el crujido del hierro que será un sonido que retornará y retornará siempre a las memorias de los sobrevivientes de la masacre ferroviaria de Once y que también habrá sido el último sonido escuchado por sus –hasta ahora- 49 víctimas fatales?

A las ocho y media del miércoles 22 de febrero de 2012 se produjo una de las mayores tragedias ferroviarias de las últimas décadas. Por el rol que le cabe a sus responsables, una masacre.  Un asesinato colectivo.

Los hermanos Mario y Claudio Cirigliano comenzaron su auge bajo el mandato del presidente Carlos Menem. En 1995, el riojano les entregó la concesión de Trenes de Buenos Aires (TBA) mediante el decreto 730/95. Hasta ese momento, la familia sólo era dueña de las líneas de colectivos 61 y 62, negocio en el que había incursionado el patriarca Nicola Cirigliano, un inmigrante italiano que se había desempeñado como chofer de colectivos. Con la concesión del ferrocarril empezaría un ascenso que no tuvo interrupciones jamás, ni siquiera bajo los gobiernos kirchneristas, lo cual demuestra otra de las continuidades entre los años noventa y la actualidad. El Estado se comprometió a pagar setenta millones de dólares por diez años por la reparación de la flota de trenes de las líneas Sarmiento y Mitre. La expansión del grupo Cirigliano los llevó a ser dueños de empresas de transporte (Grupo Plaza), concesiones públicas (TBA, Trenes de Buenos Aires), seguros (Lua La porteña), construcción de material ferroviario (Emfersa), construcción de carrocerías de buses (Tatsa) y hasta incursionó en concesiones públicas en el exterior (Opportrans, Metro de Río de Janeiro) o proyectos binacionales, como el tren argentino uruguayo.

Según el informe del diputado del ARI  Sebastián Cinquerrui, “en 1998 TBA realizó compras con sobreprecios del orden del 4000 por ciento, como fue el caso del programa de renovación y puesta a punto del material rodante y del parque tractor de la empresa, material de origen japonés marca Toshiba fabricados durante la década del 60´”. Entre los materiales comprados con sobreprecio se encontraban los vagones del tren accidentado este miércoles. Un accidente que no fue un rayo en cielo sereno. Por el contrario, marcan la forma de funcionamiento de la “burguesía nacional” que este gobierno decidió “reconstruir”. El informe de Cinquerrui brinda una cifra escalofriante: hasta 2004, la concesión de TBA en el Sarmiento y el Mitre se habían producido 2077 accidentes, provocando 665 heridos y 1372 muertos. Estas cifras no tienen en cuenta los 212 heridos y 11 muertos del choque entre un tren de TBA en la estación de Flores con un colectivo, que había pasado con una barrera baja que se mantenía en una posición angular de 45º desde hacía 10 días. O los 50 heridos del choque del Mitre en Palermo. Ni los 50 muertos y 705 heridos, por ahora, de la masacre de once ocurrida ayer.


¿Cómo se siente sobrevivir, salir de un vagón destrozado tambaleando, ayudar a los heridos, ver a los mutilados, o ser un trabajador ferroviario, moverse en auto desde las estaciones de Flores y Caballito ante el alerta de los trabajadores de evasión y boleterías de la estación plaza Miserere y ayudar en esos primeros minutos a sacar a los heridos, a las mujeres cuyas remeras estaban manchadas de sangre, a los niños, a los trabajadores que iban a cumplir sus tareas desde el oeste no tan lejano y que desde ese momento y para siempre se convertirían en lisiados, por toda sus vidas? ¿Cómo se siente presionar rítmicamente sobre el pecho de un niño de siete años para tratar de reanimarlo en medio del caos de un andén atiborrado de heridos y presionar una vez, dos, tres, y otra vez, y esperar que el niño se reanime y sobreviva, pero no, porque el niño muere?

Los Cirigliano tuvieron una activa participación en el negocio de la tercerización en el ferrocarril. De hecho, su empresa Emfer reparaba los coches que provenían de TBA y de UGOFE en general (UGOFE es la asociación estatal con los concesionarios privados del ferrocarril, integrada por el grupo Romero, el grupo Roggio y el grupo Cirigliano) mediante fondos provistos por el Estado. El Estado paga todos los sueldos, también, de los trabajadores de UGOFE. Los Cirigliano aportan el know how para hacer crecer su portfolio de empresas y billeteras abiertas para recibir subsidios en un negocio absolutamente redondo. En 2003, en pleno momento de salida de la crisis económica, TBA declaró haber repartido dividendos entre sus accionistas por 80 millones de pesos. Los índices de crecimiento de la economía posteriores aumentaron el nivel de flujos de esas ganancias. En 2012 está previsto que TBA reciba más de dos millones de pesos en subsidios estatales por día, totalizando 832,5 millones de pesos anuales. Dinero estatal conseguido, también, a fuerza de lobby, corrupción y dádivas. La Cámara Federal porteña consideró probadas la entrega de dádivas y el pago de viajes por parte de Claudio Cirigliano hacia Ricardo Jaime, predecesor de Juan Pablo Schiavi en la secretaría nacional de Transporte.

La diversificación de negocios para los amigos que propone el kirchnerismo también vale para los Cirigliano, quienes obtuvieron el contrato por la fabricación de 1 millón doscientos mil conversores digitales por la friolera de 160 millones de pesos.

Hoy, los Cirigliano reciben subsidios y organizan sus negocios de la mano de Juan Pablo Schiavi, antiguo jefe de campaña de Mauricio Macri devenido en kirchnerista. Hombre que ascendió a la Secretaría de Transporte de la Nación luego de la caída del íntimo asesor de los Kirchner Ricardo Jaime. Quien se encontraba en una reunión con empresarios ferroviarios, ejecutivos de las empresas tercerizadoras del ferrocarril y José Pedraza y Juan Carlos “El Gallego” Fernández mientras Mariano Ferreyra era asesinado en una calle del barrio de Barracas. El mismo hombre que el día de la masacre de Once brindó una conferencia de prensa en la que no aceptó preguntas y que planteó que si el hecho hubiera ocurrido durante el feriado celebrado el día anterior, “hubiera sido una cosa mucho menor”.

P. trabaja en la línea Sarmiento en el área de Sistema y Mantenimiento. “Existen unas condiciones mínimas establecidas para que un tren salga –asegura a plazademayo.com-. Pero no se cumplen. Los compresores pueden estar andando mal, lo que provoca que se cierre el freno. Sin embargo, en una formación de ocho vagones, si hay cuatro que anden el motorman lo saca. Esto sucede por el rol de los supervisores y la orden de la empresa que dice: ‘los trenes tienen que salir sí o sí’. Es una política de hace muchos años, alentada por el gobierno, que dice que los trenes deben salir porque si no hay riesgos de que se rompa la paz social. Los trenes tienen que andar, no hay que tener el servicio parado, sea como sea. Por eso trabajamos aunque El mantenimiento de las vías o de las señales no funcione. No hay formaciones de repuesto por si un tren se cancela y por eso se juega siempre en el límite. Lo que pasó ayer estaba anunciado. Los sistemas de frenos andan de forma defectuosa, pero la pericia de los motorman hace que sepan cómo manejarlos, los hacen frenar con otros métodos en la estación. Empiezan a tirar el freno desde antes. Lo más normal es que, como consecuencia de este mal andar de los frenos, te quede un vagón afuera del andén. Eso pasa porque se empieza a frenar mil metros antes empiezan a frenar. Pero en una estación un vagón te queda afuera. Tal vez ayer no funcionó, y era una cabecera, no había margen para que quede nada afuera. Esos siete metros que se incrustó el tren son los que marcan que el vagón hubiera quedado afuera del andén. Acá se dieron de lleno contra la cabecera. No sólo trabajamos así como consecuencia de la presión directa que sufrimos por parte de la empresa, sino porque nos han llevado a la naturalización de esta forma de trabajo, por esa decisión de que los trenes tienen que moverse, por esa consigna. Ayer los compañeros que estaban en las estaciones de Caballito y Flores se movilizaron en sus autos o como fuera hasta Once para empezar a ayudar con el rescate antes de que llegaran los bomberos. Los compañeros salieron a sacar cuerpos, pilas de cuerpos horizontales, gente muerta, todos los de evasión de Caballito y Flores fueron de raje en auto, fueron de una a tirarse a sacar gente, algunos de los que rescataban se murieron en las camillas. Estaban mal los compañeros. Todos estábamos muy mal”.



¿Cómo se trajina hospitales en busca de un ser querido que tomó el tren por la mañana en la estación Haedo o en la estación Paso del Rey o en la estación Ramos Mejía, temprano, para llegar a tiempo al lugar de trabajo, pero al que nunca llegó, y caminar entonces de hospital en hospital, con la foto carnet del hijo que fue al trabajo pero que no llegó, o la esposa embarazada de seis meses cuyo celular sigue sonando en el vagón chocado en Plaza Miserere cada diez o veinte minutos de llamadas y llamadas insistentes o con la foto de la hija, impresa en blanco y negro, flaquita, de pelo largo, morocha, que iba a trabajar, a prestar servicios, a vivir su vida como la vivía todos los días pero que no llegó? ¿Cómo se decide dejar de buscar en hospitales para, entonces, dirigirse a la morgue y, entonces, reconocer si ese cadáver es el del ser querido que toda la noche se buscó?

Cincuenta muertos y setecientos cinco heridos de la clase trabajadora como consecuencia de la desidia del Estado, de los negocios de los empresarios, de la política kirchnerista de reconstrucción de una burguesía nacional que se prueba una y otra vez criminal. Una masacre que aguarda la clarificación de estas responsabilidades, y que vayan presos los responsables.

FUENTE: http://www.plazademayo.com/

Los negociados del Grupo Roggio con Metrovías

Por: Damián Solanas

Toda la verdad sobre el  traspaso del servicio de subtes de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Abajo el boletazo del ajustador Macri

El traspaso del servicio de subtes de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reviste características interesantes de analizar:

Si bien es importante la injerencia de la Ciudad en las decisiones de política y planificación del transporte que opera en su jurisdicción, el gigantesco  negociado y estafa que se vienen arrastrando año a año desde la privatización del servicio de subtes -1993 en manos de Metrovías/Grupo Roggio-  continuarán, como nunca, vigentes.

La efectiva transferencia en los términos que está planteada es  una  puesta en escena armada conjuntamente por el Kirchnerismo y el macrismo con el objetivo de, por un lado, desvincularse del costo político que implicaría la aplicación de ajustes tarifarios y,  por el otro lado del mostrador, dar luz verde a la profundización de los negociados entre el Grupo Macri, la Constructora Benito Roggio (Metrovías) y las compañías Chinas asociadas a la venta de material ferroviario.

Cabe mencionar que  ambos consorcios, tanto Macri como Roggio, fueron y son parte de la elite empresaria del gobierno kirchnerista y  poseen recorridos en común desde hace años. Además de haber compartido juntos la construcción de la Autopista Rosario-Córdoba, las dos se asociaron en la explotación del ferrocarril Belgrano Cargas conjuntamente con la aceitera china Sanhe Hopefull Grain & Oil, al igual que, mantienen actualmente ese vínculo  en la construcción del subte de la ciudad de Córdoba junto a la empresa china estatal Railway Internacional. Todas las adjudicaciones, es bueno remarcarlo, contaron con la bendición del Gobierno Nacional.

No deja de aturdir enterarse que Metrovías (Grupo Roggio) en el último año recibió en concepto de subsidios más de 700 millones de pesos mientras que en el mismo año decidió repartir dividendos por $150 millones entre sus accionistas.

El sistema de subsidios, ejercido rigurosamente desde los años noventa y profundizado por el gobierno kirchnerista, lejos de consistir en una transferencia de recursos hacia los sectores con menos ingresos acabó sirviendo a la concentración empresaria amparada por la Ley 25.561, de Emergencia Pública y el Decreto 2075/2002, de Emergencia Ferroviaria.

Ambos instrumentos desligaron a las empresas concesionarias del deber de cumplir con el régimen de inversiones estipulados en cada uno de los contratos, mientras que las tarifas congeladas junto con el subsidio estatal sirvieron para garantizar un margen de rentabilidad único para el sector empresario desligado de todo riesgo. De esta manera, sin un sistema de mantenimiento adecuado ni reposición del material amortizado, el sistema perverso creado fagocitó a los bienes públicos prestadores de servicios. Esos mismos bienes deberán ser ahora repuestos, por decisión política del Gobierno Nacional y Porteño, ahora  sin subsidios, costeados por los mismos usuarios. Gatopardismo mediante, cuando la crisis se acerca algo deberá cambiar para que nada cambie, el régimen de garantías de beneficios al sector empresario seguirá vigente.

Fuente: Infosur

Los negociados del Grupo Roggio con Metrovías

Toda la verdad sobre el traspaso del servicio de subtes de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El traspaso de los subtes de Nación a Ciudad.

El traspaso del servicio de subtes de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reviste características interesantes de analizar:

Si bien es importante la injerencia de la Ciudad en las decisiones de política y planificación del transporte que opera en su jurisdicción, el gigantesco  negociado y estafa que se vienen arrastrando año a año desde la privatización del servicio de subtes -1993 en manos de Metrovías/Grupo Roggio-  continuarán, como nunca, vigentes.

La efectiva transferencia en los términos que está planteada es  una  puesta en escena armada conjuntamente por el Kirchnerismo y el macrismo con el objetivo de, por un lado, desvincularse del costo político que implicaría la aplicación de ajustes tarifarios y,  por el otro lado del mostrador, dar luz verde a la profundización de los negociados entre el Grupo Macri, la Constructora Benito Roggio (Metrovías) y las compañías Chinas asociadas a la venta de material ferroviario.

Cabe mencionar que  ambos consorcios, tanto Macri como Roggio, fueron y son parte de la elite empresaria del gobierno kirchnerista y  poseen recorridos en común desde hace años. Además de haber compartido juntos la construcción de la Autopista Rosario-Córdoba, las dos se asociaron en la explotación del ferrocarril Belgrano Cargas conjuntamente con la aceitera china Sanhe Hopefull Grain & Oil, al igual que, mantienen actualmente ese vínculo  en la construcción del subte de la ciudad de Córdoba junto a la empresa china estatal Railway Internacional. Todas las adjudicaciones, es bueno remarcarlo, contaron con la bendición del Gobierno Nacional.

No deja de aturdir enterarse que Metrovías (Grupo Roggio) en el último año recibió en concepto de subsidios más de 700 millones de pesos mientras que en el mismo año decidió repartir dividendos por $150 millones entre sus accionistas.

El sistema de subsidios, ejercido rigurosamente desde los años noventa y profundizado por el gobierno kirchnerista, lejos de consistir en una transferencia de recursos hacia los sectores con menos ingresos acabó sirviendo a la concentración empresaria amparada por la Ley 25.561, de Emergencia Pública y el Decreto 2075/2002, de Emergencia Ferroviaria.

Ambos instrumentos desligaron a las empresas concesionarias del deber de cumplir con el régimen de inversiones estipulados en cada uno de los contratos, mientras que las tarifas congeladas junto con el subsidio estatal sirvieron para garantizar un margen de rentabilidad único para el sector empresario desligado de todo riesgo. De esta manera, sin un sistema de mantenimiento adecuado ni reposición del material amortizado, el sistema perverso creado fagocitó a los bienes públicos prestadores de servicios. Esos mismos bienes deberán ser ahora repuestos, por decisión política del Gobierno Nacional y Porteño, ahora  sin subsidios, costeados por los mismos usuarios. Gatopardismo mediante, cuando la crisis se acerca algo deberá cambiar para que nada cambie, el régimen de garantías de beneficios al sector empresario seguirá vigente.

Fuente: infosur

Juntos, los partícipes del fraude de la deuda externa

Ministro de Economía Hernán Lorenzino y la presidenta
 del Banco Mundial Penélope Brook

por: Alejandro Olmos Gaona

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación y el Banco Mundial, organizaron un seminario del que no hubo mayor noticia en los medios sobre “El Vacío en la Arquitectura Financiera Internacional: Reestructuración de Deuda Soberana”, que se llevó a cabo en el Hotel Park Hyatt el día 7 de diciembre, en el que tuvieron destacada actuación el actual Vicepresidente Amado Boudou, y el Ministro de Economía Hernán Lorenzino, el economista Joseph Stiglitz, y algunos personajes menos conocidos, entre los cuales he podido detectar a algunos de ellos que han tenido gran influencia en el endeudamiento dela Argentina y el Ecuador, siendo además participes de operaciones claramente fraudulentas en nuestro país que el actual gobierno y los que lo precedieron, se han negado reiteradamente a investigar, continuando con el pago de obligaciones ilícitas.

La directora del Banco Mundial, Penélope Brook, al hablar de la crisis europea, remarcó la necesidad de aprender de las experiencias de América Latina, pensando seguramente  que en el tema de la deuda solo cabe pagar o reestructurar, siempre beneficiando a los acreedores, pero sin cuestionar en ningún caso la ilegitimidad de las obligaciones. Stigliz, propuso crear una organización de quiebras, lo que supone situar a un país soberano en el mismo nivel de un quebrado cuando no puede pagar, haciéndose responsable con  todos sus bienes, siguiendo una vieja tesis planteada hace años por  Kunibert Raffer, un profesor austríaco que sostuvo que “lo que es bueno para Estados Unidos, debe ser bueno para el mundo” y que recogiera hace unos añosla Sra. Anne Krueger, ex directora del Banco Mundial.

En el seminario el entonces Ministro de Economía, Boudou se limitó a expresar las superficialidades de siempre y criticando a las calificadoras de riesgo, mientras que el actual ministro Lorenzino recordó que “la Argentinaatravesó una restructuración de deuda sin precedentes, con una participación del sector privado también sin precedentes, atendiendo muchos intereses en juego… y se logró paliar la consecuencia del desastroso default argentino, y hoy podemos afirmar que estamos en una situación satisfactoria”

No voy a volver, sobre los conocidos planteos sobre la fraudulencia de la deuda pública, que han sido materia de muchos trabajos míos aquí y en el Ecuador, pero si me interesa hacer una breve referencia a lo dicho por el actual ministro de Economía, para mostrar a los extremos de falsedad a los que se ha llegado cuando se habla de la deuda.  Primeramente, los únicos intereses en juego que se atendieron fueron los de los acreedores privados, que en el canje del 2005 recibieron bonos atados al CER en un caso, y en el otro con un cupón atado al PBI, que en poco tiempo más compensarán con creces el descuento real que se efectuara en ese momento. Además  los acreedores consiguieron canjear bonos basura, depreciados en el mercado secundario de los Estados Unidos y de Europa, por bonos de rentabilidad extraordinaria, que han determinado el crecimiento de la deuda en los últimos seis años a pesar de los pagos realizados, y finalmente no hubo ninguna consecuencia desastrosa del default, sino muy beneficiosa y es que el país creció en esos años, sin necesidad de recurrir al financiamiento externo.

En lo que hace al exitoso desendeudamiento, hoy de acuerdo a las cifras oficiales, la deuda pública es de186.524 millones de dólares, habiendo aumentado en el último año, no obstante los pagos realizados, en 10.994 millones de dólares, lo que muestra una vez más como las palabras de los funcionarios nada tienen que ver con la realidad.

Empero más allá de las distorsiones frecuentes en los discursos oficiales, en este seminario financiado por el Banco Mundial, o co-financiado con el Ministerio de Economía, intervinieron algunos personajes prácticamente desconocidos pero de gran influencia en el endeudamiento argentino y del país hermano de Ecuador. Uno de ellos es Lee Buchheit, socio de Cleary, Gotliebb, Steen y Hamilton, LLP, estudio de abogados contratados por Menem para acompañar todo el proceso del plan Brady, que hace tiempo definiera como el paradigma de la ilegalidad, y que también fueran contratados por el gobierno ecuatoriano con el mismo objeto,  quienes continúan asesorando al gobierno argentino hasta el día de hoy, y al gobierno del Ecuador hasta el año 2008, hasta que por pedido dela Comisión de Auditoría que yo integrara, fue dejada sin efecto su contratación.

Estos abogados que han asesorado y son consejeros del Citibank, participaron en todas las operaciones del Plan Brady, emitieron dictámenes cometiendo el delito de falsedad ideológica, y  su actuación se limitó a convalidar todo el proceso de ilegalidad del referido plan. Después de haber perjudicado ostensiblemente al país, fueron nuevamente contratados por el ex presidente Kirchner, tal como consta en el Decreto 319 del mes de marzo del año 2004, donde se establecieron los lineamientos del canje que se iba a efectuar un año después. El mismo trabajo lo  llevaron a cabo en el Ecuador, no para defender los intereses del país, sino para colaborar en la defensa de los intereses de sus reales mandantes.

El otro personaje que es importante mostrar es Augusto de la Torre, Economista Jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, viejo conocido de los ecuatorianos. En efecto dela Torrefue gerente dela División Técnicadel Banco Central de Ecuador, y en consecuencia asesor de la operación, cuando mediante un acto ilegal, sin los necesarios poderes institucionales para hacerlo, y aún violando un decreto presidencial, el ministro de Finanzas, Mario Ribadaneira, la gerente del Banco Central del Ecuador, Ana L. Armijos, yla Cónsul del Ecuador en Nueva York, firmaron en diciembre de 1992, mediante un Tolling Agreement, la renuncia a los derechos de prescripción de la deuda que el país tenía, actualizándola seis años más. Pero como el sistema financiero internacional necesita de funcionarios serviles que respondan invariablemente a sus intereses, Augusto dela Torre, ascendió tiempo después al cargo de Gerente del Banco Central del Ecuador interviniendo en toda la operatoria fraudulenta del Plan Brady, que fue un calco del aplicado enla Argentinaun año antes. En toda esa década del 90, donde los bancos efectuaron uno de los mayores saqueos de fondos de los ecuatorianos, este funcionario mantuvo un papel preponderante, hasta que ante una denuncia que se hiciera por malversación de fondos públicos,la Corte Supremale dictó el 31 de mayo de 1997 orden de detención, la que no se llevó a cabo por haberse fugado del país. Tanto los presidentes Bucaram como Mahuad lo protegieron, porque resultaba una garantía para “la tranquilidad de los mercados” y finalmente, cono no podía ser de otra manera, recaló en el Banco Mundial, donde ahora maneja todo lo relacionado con América Latina y el Caribe.

Tampoco podría dejar de mencionar en este repaso del seminario, al Dr. Mitu Gulati, Profesor dela Universidadde Duke, vinculado al Estudio Cleary y autor junto con Buchheit de algunos trabajos, quien en un Seminario sobre la deuda al que fui invitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega yla Federación LuteranaMundial, en octubre de 2008, pretendió desconocer antecedentes importantes de la doctrina de la deuda odiosa, lo que motivo mi discusión con él, debiendo aceptar  finalmente que yo tenía razón. Siempre deambula por seminarios y congresos tratando de justificar teorías que debiliten toda decisión soberana de enfrentar el problema de la deuda.

Naturalmente, que el Banco Mundial no va a financiar a académicos y funcionarios para que participen en un seminario donde se cuestionen sus decisiones, ni se ponga en evidencia como colaboró con los bancos extranjeros en las políticas de endeudamiento, sino a aquellas personas que sean funcionales a la labor que viene desarrollando hace años, en perjuicio de nuestros países. Por esa razón estuvieron  algunos profesores dela Universidadde Buenos Aires, funcionarios del banco, académicos ingleses, representantes de los banqueros Lazar Frere, el actual Secretario de Finanzas, Kicillof pero lo que resulta inconcebible es que las más altas autoridades económicas con Boudou, Lorenzino y Marcó del Pont, hayan organizado y participado de un encuentro con aquellos que durante años defraudaron a la Nación.

FUENTE: infosur

La Ley que la Presidenta, los "intelectuales" y chicos K ocultan por corruptos y traidores

Fue aprobada por el Congreso en abril, por unanimidad, para prohibir que trabajen en el país empresas vinculadas a intereses británicos en Malvinas.

Controversia. La exploración de petróleo en Malvinas crece. La ley argentina

impone fuertes restricciones, pero hasta el momento no se aplica.

Fue aprobada por el Congreso en abril, por unanimidad, para prohibir que trabajen en el país empresas vinculadas a intereses británicos en Malvinas. Afectaría a las más grandes mineras, que negaron tener intereses comerciales en el archipiélago o no contestaron.

Suena increíble. Pero es cierto. Una ley que el Congreso aprobó por unanimidad hace sólo ocho meses nunca fue cumplida por el Gobierno nacional, que se obstina en ignorarla y tratar de que pase al olvido.

Se trata de la ley nacional 26.659, sancionada el 16 de marzo y promulgada de hecho el 12 de abril, llamada Ley de Hidrocarburos.

Es un texto muy breve, de apenas nueve artículos más dos de forma, cuya principal determinación consiste en prohibir a toda persona o empresa que trabaje en el país desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado.

Es una ley que fue pensada como parte de la estrategia argentina para recuperar las Islas Malvinas y evitar que Gran Bretaña continúe enriqueciéndose con los recursos naturales de la región, en especial a través de la extracción de petróleo.

SOCIOS COMUNES

El costado más polémico de la ley está en su segundo artículo. Prohíbe también que toda persona o compañía localizada en la Argentina preste servicios o tenga cualquier tipo de participación en personas jurídicas que desarrollen actividades en Malvinas.

Si alguna empresa, por ejemplo, incumple esta ley y participa en las compañías extranjeras que trabajan en la plataforma continental usurpada por Gran Bretaña, será inhabilitada por un plazo que va de 5 a 20 años, además de sufrir las sanciones penales que le correspondan por violar la disposición.

Las sanciones no terminan ahí, sino que se prevé que quienes incumplan la ley sufran “el cese inmediato de las exenciones, facilidades impositivas o previsionales que pudieran habérsele concedido”.

En su artículo 3, la ley prohíbe realizar “actos de comercio, operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas, actividades de consultoría y/o asesoría” con cualquier empresa o persona que trabaje en la plataforma continental sin autorización de la Argentina.

¿Qué ha hecho que la ley nunca se haya cumplido y que el gobierno de Cristina Fernández evite por todos los medios hablar sobre ella? Quizá una respuesta pueda buscarse en las vinculaciones societarias que existirían entre los grupos dueños de las firmas petroleras que, violando la soberanía argentina, trabajan en Malvinas, y los grupos financieros dueños de las mineras que extraen oro, cobre y otros minerales preciosos de la Cordillera de los Andes.

Según señaló a La Voz del Interior el referente de Proyecto Sur Fernando “Pino” Solanas, “existen pruebas contundentes que demuestran que los mismos grupos financieros transnacionales que controlan las mineras auríferas del país son los dueños de las tres petroleras enviadas por el gobierno de Gran Bretaña a llevarse el petróleo de la plataforma continental argentina”.

DENUNCIA EN PREPARACIÓN

El detalle de estas vinculaciones será motivo de una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público que diputados nacionales de varios partidos pretenden presentar en febrero contra la Presidenta y las autoridades de la Secretaría de Energía de la Nación.

La presentación señalará que hay una coincidencia en quiénes son los dueños del 76 por ciento del paquete accionario de la minera Barrick Gold (explota las minas de oro Veladero y Pascua-Lama, en San Juan), el 55,9 por ciento de Gold Corp (explota las minas de oro La Alumbrera, en Catamarca, y Cerro Negro, en Santa Cruz) y el 40,5 por ciento de Anglo Gold Asanthi (explota la mina de oro Cerro Vanguardia, en Santa Cruz).

Esos mismos grupos financieros serían simultáneamente dueños de importantes porciones de capital de las tres petroleras autorizadas por Gran Bretaña para extraer hidrocarburos en Malvinas.

Tendrían el 33 por ciento de Rockhopper Exploration y Borders & Southern Petroleum, el 25 por ciento de Desire Petroleum y el 37,8 por ciento de Falkland Oil and Gas.

Los dueños comunes de las mineras que trabajan en Argentina y las petroleras que están en Malvinas serían, en primer lugar, Blackrock Group, propiedad del Bank of America (accionista de la minera Barrick y las petroleras Rockhopper, Desire Petroleum y Falkland Oil and Gas); en segundo lugar, el fondo de inversión estadounidense TD Asset Management, accionista de Barrick, Gold Corp, Rockhopper y Desire Petroleum y, finalmente, el banco Barclays, que además de ser accionista de Desire Petroleum está vinculado no con mineras sino con el canje de bonos realizado en 2010 por el Estado argentino.

Ignorada hasta el momento, la ley 26.659 debería ser puesta en marcha por la Secretaría de Energía de la Nación, que dirige Daniel Cameron, santacruceño muy vinculado al ex presidente Néstor Kirchner y a la actual jefa del Estado.

En caso de que se probaran los vínculos económicos, Cameron debería decidir la inhabilitación de las empresas que actúan en Argentina.

Además, la ley prevé que la Secretaría de Energía, que depende del ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, confeccione una nómina pública de quiénes trabajan en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado argentino.

La Secretaría no habría cumplido ni con este requisito a que la obliga la ley. Todas las consultas realizadas por este diario, por distintas vías, para obtener la palabra de Cameron o de cualquier otro funcionario de Planificación Federal sobre esta ley no obtuvieron respuesta.

Tampoco se explayaron sobre el tema las dos más grandes mineras auríferas que trabajan en el país. Barrick Gold afirmó a este diario que “la empresa no tiene ninguna participación en ninguna de esas empresas”. En realidad, la denuncia tampoco afirma eso: dice que comparte dueños comunes con las petroleras.

Desde Xstrata Copper, la empresa que explota La Alumbrera junto a Gold Corp, la vocera Emily Russell dijo a este diario que “Xstrata no desarrolla ninguna actividad petrolera ni tiene interés comercial o estratégico en trabajos de exploración en las Islas Malvinas”. Gold Corp, en tanto, no respondió los pedidos de información enviados a su oficina de prensa.

 CONTRADICCIONES

La incomodidad que genera la ley en el Gobierno es tan evidente que ni siquiera ha sido reglamentada, pese a que estaba obligado a hacerlo en un plazo no mayor de 60 días desde su publicación en el Boletín Oficial, lo que ocurrió el 13 de abril. Igual, la ley entró en vigencia a los 90 días, a partir del 13 de julio.

Hay un contrasentido evidente en esta ignorancia de la ley y las medidas tomadas por la Presidenta el año pasado, cuando en febrero aprobó el decreto 256, tendiente a prohibir la circulación por aguas argentinas de buques que toquen puerto en Malvinas, como una manera de dificultar las operaciones de las empresas petroleras autorizadas por Gran Bretaña.

Un poco más atrás, en marzo de 2007, el Gobierno nacional emitió, a través de la Secretaría de Energía, la resolución 407, que creó un registro de empresas de exploración y explotación de hidrocarburos que trabajen en la plataforma continental argentina, para que no pudiera permanecer allí ninguna sin autorización del Estado.

Ahora, la actitud renuente a aplicar una ley que el Congreso aprobó aun con el voto de todos los legisladores oficialistas, plantea la pregunta de si el Gobierno está pensando en modificar su postura frente a la preservación de la soberanía sobre Malvinas, pese a las rutinarias declaraciones que los presidentes argentinos efectúan cada año ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.

El vicepresidente del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (Moreno), Félix Herrero, señaló a este diario que “las leyes no son opiniones: son disposiciones de cumplimiento obligatorio. La Presidenta está en una actitud débil frente a las petroleras europeas e incurre en un delito por no cumplir la ley. Esto tiene que ver con el caos legal actual con que se maneja el oficialismo, donde las leyes no se reglamentan o no se cumplen, y se crea, en cambio, un sistema institucional falso, ficticio”.

El abogado Ricardo Monner Sans denunció penalmente el año pasado al ministro de Economía, Amado Boudou, por haber aprobado una carta convenio que designó al Barclays Bank como coordinador global de la reestructuración de la deuda externa argentina. Barclays Bank había presentado una propuesta para la reapertura del canje de la deuda y –dice Monner Sans– Boudou la aceptó sólo seis días después, por medio de la resolución 267/09.

Apenas un mes antes, en septiembre de 2009 –recordó el abogado porteño en su presentación conjunta con el cordobés Francisco Llorens y el político Mario Cafiero– Barclays Bank se había convertido en el principal accionista institucional de la petrolera Desire Petroleum, una de las que trabaja en Malvinas, con el 4,45 por ciento de sus acciones.

Para poder operar en Argentina, y nada menos que con el Estado argentino en un asunto vital como la deuda externa, Barclays Bank debió, según los denunciantes, haber manifestado su vinculación accionaria con la petrolera Desire, ante el registro que debe llevar la Secretaría de Energía de la Nación que dirige Cameron. Eso le habría impedido participar de la operación, a menos que el Estado hubiera dado una autorización especial, desconocida hasta hoy.

Si no lo hizo, habría incumplido la resolución nacional de 2007. Y estaría violando la ley 26.659, que el Poder Ejecutivo Nacional no muestra esfuerzo por cumplir. Estas preguntas siguen sin respuesta porque el Gobierno no da información, pese a que la Presidenta sigue sosteniendo que Argentina “va a seguir, incansablemente, reclamando la soberanía” sobre Malvinas. Por ahora, una de las principales leyes que servirían para demostrar en los hechos ese propósito sigue sin ser aplicada por su administración.

Fuente: infosur

En el siguiente artículo, a partir de una investigación realizada por el diputado nacional Fernando “Pino” Solanas se explica porque se destinan casi el 65% de los subsidios al sector energético.

Hace un par de años, ante el cuestionamiento de la creciente importación de gas, De Vido decía “¿Qué tiene de malo si todos los grandes países lo importan?, lo que callaba es que lo haríamos a precios de mercado y que la diferencia con lo que se factura y cobra al usuario nacional, lo pagarían enormes subsidios a costa del Estado. El fracaso de la política privatizadora de los noventa que fue prorrogada por Néstor Kirchner en el 2007 –Cerro Dragón, etc- es que las petroleras non repusieron lo que extraían como es norma internacional en esta industria. Del autoabastecimiento, pasamos a importadores... desnudando el mito de que las privatizaciones multiplicarían las reservas.

Los subsidios tienen dos fuentes:

1-             Estructura de las tarifas heredada de los ’90.

2-             Necesidad de importar gas natural

1- Estructura de las tarifas

Luego de la privatización, las tarifas estaban en dólares y ajustadas por la inflación de Estados Unidos. Con la devaluación y la emergencia económica, se pesifica y se rompe con esta estructura pero no se crea una nueva. Se mantiene el pago de la energía eléctrica por “costo marginal” reconociendo aumentos de precios en la generación pero manteniendo la tarifa a los consumidores por lo que CAMMESA tiene déficit que debe ser subsidiado. Según presupuesto 2012, transferencias a CAMMESA por  $21.8 mil millones.

2- Importación de Gas Natural

Como la extracción de Gas Natural no alcanza para abastecer la demanda tanto para el consumo domiciliario e industrial como por las generadoras de electricidad, se importó desde 2004 combustibles líquidos (Fuel Oil) y  Gas Natural. La diferencia entre el precio del combustible importado y el que se paga habitualmente por el gas natural nacional es financiado por ENARSA.

En los últimos años se reemplazo  el Fuel Oil por  Gas Natural Licuado. Hasta Agosto/2011 se importo 4.000 mil millones de m3 de Gas Natural y GNL a un costo de 1.800 millones de dólares (Fuente: Secretaría de Energía). Según presupuesto 2012, transferencias a ENARSA por  $ 11.6 mil millones.

Es mentira que los bajos precios hagan aumentar el consumo. Ni CAMMESA ni ENARGAS relacionan el precio con el consumo ya que esta probado econométricamente que el consumo de electricidad y gas natural depende directamente de las temperaturas.

Reservas de Hidrocarburos

En 1989 habia 344 Millones de m3 de petróleo (13 años de horizonte de reservas) y 744 mil millones de m3 de gas natural (30 años de horizonte de reservas) .

Ultimo dato de reservas es 2009 e indica 398 Millones de m3 de petróleo (11 años de horizonte de reservas) y 379 mil millones de m3 de gas natural (8 años de horizonte de reservas) . Fuente: Secretaría de Energía.

Según datos de su balance y en contra de lo informado mediáticamente, Repsol bajó sus reservas de petróleo y gas natural en Argentina  durante el 2010. (1,3% y 5,2% respectivamente)

En el corto plazo, el mayor problema del sector energético es la falta de gas natural. En 2004 la extracción era de 52,4 mil millones de m3 por año de los cuales se exportaba 7 mil millones de m3.

En 2010 la extracción fue de apenas 48,4 mil millones a pesar de que la demanda aumentó desde 2004 por lo que se recurrió a la importación atada a precios internacionales (en momentos en que los  precios internacionales llegaron a máximos históricos). Fuente: Secretaría de Energía.

Repsol en su balance dice que la menor extracción de gas se debió a “Los paros gremiales y la  menor demanda de gas” mientras se encarga de importar GNL a precios muchos más caros.

La principal caída en la extracción y las reservas de gas natural fue provocada por la concesión de Loma de la Lata desde el 2000, en que se extiende la concesión en manos de Repsol-YPF.

Reservas caen 75% entre 2000 y 2009

Extracción cae 38% - 4.400 mil Millones de m3 por año. Fuente: Secretaría de Energía.

Es decir, la caída de la extracción de Loma de la Lata es MAYOR A LAS IMPORTACIONES DE GAS NATURAL Y GAS NATURAL LICUAD

Costo de importación: Atado a Precio Internacional

La mayor parte del año, el GNL importado por ENARSA es mucho más caro que el Gas Natural traído desde Bolivia. La Afip informa públicamente el costo más alto de estas dos fuentes para indicar el precio al que se deben realizar las exportaciones de Gas.

Desde abril, el precio mas alto es la importación GNL con valores que van  de los u$s 10 por MMBTU (Resolución General 3147 de AFIP 30/06/2011) a los U$S 13,5 por MMBTU de septiembre, ultimo valor informado (Resolución General 3222 de AFIP 17/11/2011), llegando a U$S 16,6 en Junio. El gas natural de Bolivia, nunca supero los U$S 9 por MMBTU.

Mientras tanto, el costo nacional, si bien subió en los últimos años, se mantiene en niveles muy inferiores. A principio de la década de los noventa, el costo de extracción del gas natural se ubicaba en el orden de U$S 1 por MMBTU (“La Política de Desregulación Petrolera en Argentina. Antecedentes e Impactos” R. Kozulj y V. Bravo. Centro Editor de América Latina). 

 Actualmente Repsol no informa sus costos para Argentina (como sí hace para el resto del mundo). El precio promedio del gas natural en boca de pozo (es decir, el costo de extracción mas algunos costos de transformación y la ganancia de la petrolera) en el mercado interno en 2010 fue de 262,5 $/M3 es decir, unos  U$S 3 por MMBTU. (Fuente Secretaria de Energía – Regalías), valores varias veces inferiores a los internacionales.

En cuanto al petróleo, la diferencia entre el costo y los valores obtenidos en el mercado son mucho más amplios. Según Repsol, los descubrimientos de petróleo  no convencional en Neuquén, mucho más costosos y difíciles que los yacimientos tradicionales, tendrán un costo de U$S 26 el barril (http://www.ieco.clarin.com/empresas/Repsol-invertira-US-millones-megayacimiento_0_588541379.html) . Si consideramos que en la actualidad la extracción de petróleo se realiza en yacimientos tradicionales en los que ya existen las reservas y en los que no se debe realizar costosas inversiones de riesgo, ni varios pozos laterales u horizontales para extraer, se puede concluir que según la propia Repsol, el costo del petróleo nacional no puede superar los U$S 13/15 por barril. Petrobras Argentina, por su parte, ubicaba el costo de extracción promedio (incluyendo tanto gas como petróleo) en $ 16 por barril de petróleo. Esto incluye sus operaciones en el resto de América, pero el 67% de su petróleo se obtiene en nuestro país. 

http://www.petrobras.com.ar/Petrobras/Internet_Institucional/Espanol/Financiera/Datos%20Estadisticos/Documentos/PInst%20Esp%20June%2008.pdf

Sin embargo, cuando se exporta, el petróleo es abonado U$S 42 y las refinerías pagan entre U$S 50 y U$S.

Carta a la Presidenta y pedido de auditoría a Aerolíneas Argentinas

El diputado Fernando "Pino" Solanas, junto con los senadores Rodríguez Saa, Artaza y el diputado Lanzetta, reclamaron la realización de una auditoria a Aerolíneas Argentinas desde 2008 a la fecha.

El diputado Fernando "Pino" Solanas, conjuntamente con  integrantes de la Comisión Bicameral de la Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, concurrieron hoy a la Auditoría General de la Nación, donde le reclamaron a Leandro Duspuy que realice una auditoria a Aerolìneas Argentinas desde 2008 a la fecha y le enviaron una carta a la presidenta Cristina Fernández.

Solanas manifestó que "quienes hemos luchado desde hace muchísimo tiempo para recuperar nuestra linea de bandera, vemos con dolor y tristeza la decadente gestión a la que está siendo sometida la compañía. El endeudamiento constante, la falta de balances, los dos millones de dólares de pérdida por día y la infeciencia exigen una interpelación a sus responsables."

El Secretario de Transporte, el ingeniero Juan Pablo Schiavi y el titular de Aerolíneas Argentinas, el doctor Mariano Recalde volvieron a ausentar hoy a la segunda convocatoria que realizó la Comisión, y "han incurrido en la figura de incumplimiento de los deberes de la función pública", manifestó el diputado.

Los integrantes de la Comisión Bicametal de la Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, también le enviaron una carta a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien "asumió la responsabilidad politica en la designación de Mariano Recalde al frente de Aerolíneas, para que instruya los medios necesarios para que los funcionarios cumplan con sus deberes por sus cargos y para con el Congreso de La Nación".

El texto señala que "...la señora Presidenta asumió públicamente la responsabilidad de la designación del presidente del directorio de la empresa Aerolìneas Argentinas S.A.por lo que esta comisión solicita inste a los funcionarios indicados a prestar colaboración indispensable que se den los poderes del Estado máximo cuando existen disposiciones leales, como la ley de creación de esta bicameral..."

 

Fuente: Infosur

Scioli: impuestazo, endeudamiento y ajuste

Por: Daniel Rapanelli



Scioli carga la crisis a los trabajadores. Si se quejan, cobran.



Scioli no perdió el tiempo a la hora de enviar a la Legislatura un presupuesto ajustador. Según el ministro de Economía, Arlía, "El presupuesto tiene en cuenta la crisis mundial, por lo tanto estamos preocupados en prever".

No se contempla allí partida alguna para aumentar los salarios públicos, de los docentes y los jubilados bonaerenses. La "ley de leyes" provincial dibuja también las cifras del déficit fiscal en 6.600 millones de pesos. En el rubro "autorización de endeudamiento", tramo crucial del presupuesto, salta la liebre: éste alcanza más de 30 mil millones de pesos. Allí se incluyen mil millones de pesos en obras, renovación de deuda externa por 700 millones de dólares y, desde luego, el aumento salarial, cualquiera sea éste.

 Tengamos en cuenta que si la provincia siguiera la pauta en boga -espantosa- del 18%, estamos hablando de 9 mil millones de pesos. De manera que las paritarias estarán cargadas directamente al déficit provincial. Hasta ahora, Scioli llegó a pagar para endeudar a la provincia la sideral tasa de interés del 12,3% en dólares.

 La crisis capitalista ya elevó las tasas y el riesgo país. El endeudamiento puede llevar a la provincia (que ya tiene 14 mil millones de dólares de deuda) a la bancarrota, pero habrá que ver si hay acceso a la banca usurera internacional.

El presupuesto oculta también la deuda de la provincia con la Nación, que ascendía en 2010 a 50.000 millones de pesos. Conclusión: el gobierno seguirá emitiendo un festival de letras y bonos, y saqueando a los trabajadores y jubilados. La "financiación" forzada, a través del Instituto de Previsión Social, forma parte del proyecto presupuestario, en línea con el gobierno nacional y su saqueo a la Anses.

Así llega el impuestazo, presentado como una profundización de la "progresividad fiscal" para disimular que la mayor presión tributaria es a los trabajadores, a la clase media y al consumo. El aumento del impuesto inmobiliario urbano (32% promedio) afectaría a 4.700.000 contribuyentes, desmintiendo el verso oficial que limita los aumentos a los sectores "pudientes". Sólo las viviendas con una valuación fiscal menor a 25.000 pesos (6 mil dólares) estarían exentas. Para las propiedades con valor fiscal superior a 150.000 pesos, el aumento sería superior al 30%. Este impuestazo está "previsto" en dos etapas, ya que en 2013 se aplicaría una recategorización (una forma de revaluación) general de las propiedades con nuevos aumentos, que podrían cuadruplicar lo que hoy se paga. El paquete también sube el valor de las patentes del parque automotor, y no sólo de aquellas de "alta gama".

Como contrapartida, el impuesto inmobiliario rural sólo aumenta un 27% promedio -cuando el valor que tributan los capitalistas agrarios es decenas de veces inferior al valor real del mercado, que subió espectacularmente como resultado del boom sojero. Este mayor gravamen es incluso parcial, porque los distritos del sudoeste bonaerense pagarían la tercera parte del aumento.

La demagogia para captar a los "progres" del Movimiento Evita y La Cámpora, que acompañaron la reelección de Scioli, es de cartón. El sabbatellismo también hizo de taparrabos de esta demagogia. Primero, porque el aumento a los ingresos brutos sobre las bebidas alcohólicas y el tabaco se va a trasladar directamente a los consumidores. Segundo, porque el mayor gravamen sobre los terrenos baldíos (la mitad de las partidas pagarán entre 30 y 62 pesos más) no le hace ni cosquillas a la especulación inmobiliaria -base de sustentación capitalista del gobierno de Scioli y las intendencias, desde Massa al "Barba" Gutiérrez. Tercero, porque también es mínimo el aumento que se aplicará a los countries, clubes de campo y clubes de chacra. La "puta oligarquía", bien gracias.

Scioli es Macri, antes y después de las elecciones. Las victorias de Jorge Macri y de los pollos de Massa sólo refuerzan la orientación social del gobernador K.

No al pago de la deuda externa provincial. Impuestos progresivos a las grandes empresas capitalistas que concentran en la provincia el 40% de la riqueza del país. Actualización del inmobiliario rural de acuerdo con los precios de mercado. Salario igual al costo de la canasta familiar. Que se dispongan las tierras fiscales y privadas ociosas para la construcción de viviendas populares, y que se destinen las partidas necesarias del presupuesto para un plan integral de urbanización y obras públicas para los asentamientos y villas.

Fuente: Po.org.ar

¿Quién es el Juez Manuel Yalj?

“Ha sido tan armada esta causa que el magistrado que interviene no fue nombrado por el Senado para desempeñarse como juez federal de San Martín. Además de ser funcionario judicial en la dictadura, fue propuesto por el Gobierno pocos días antes de la detención de Sobrero y sin jurar su cargo. Es un juez utilizado por el kirchnerismo para sus casos particulares”, con estas palabras, el líder de Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas denunciaba al juez Yalj, a cargo de la detención de Rubén “Pollo” Sobrero.

Los datos aquí expuestos pueden corroborarse en la página web del Poder Judicial de la Nación.

- Es un juez puesto por el Consejo de la Magistratura -dominado por el kirchnerismo- como Juez Suplente. No tiene acuerdo del Senado de la Nación para este cargo, y generalmente se desempeña en los casos en que el kirchnerimo lo necesita; en especial Juzgado Federal de San Martín.

- Ocupa el cargo de Juez Federal Suplente, pero no está juramentado.

- Es juez en la causa "Riveros, Santiago Ornary otros s/privación ilegal e la libertad, tormentos, homicidio, etc. - Caso Nro. 280" por la que cobro por 6 días de viáticos en el exterior $ 30.000 + sueldo, en Abril de este año.

-  A pesar de no integrar ternas judiciales, Cristina Fernández lo propuso como Juez de la Cámara Federal de San Martín y lo designaron días antes de la detención de Sobrero.

-  Fue funcionario judicial en la dictadura: fue secretario del Juzgado Penal Nº 3 de San Martín entre 1976 y 1980, y del Nº 1 entre 1980 y 1984.

Desfile de candidatos: Martin Sabbatella

Algunos no olvidamos a los muertos de la Alianza

"SONRIE, SABBATELLA TE FILMA”, decían los carteles en Morón en 2008. El ex militante de la Federación Juvenil Comunista pobló su municipio de cámaras de video, e inauguró una central de control dirigida por la policía bonaerense, conectada directamente con 150 alarmas en escuelas, edificios públicos e instituciones, y con 77 patrulleros. El director general del ministerio de seguridad, Néstor Franco, dijo entonces: “Es reconfortante escuchar a un intendente que sepa y entienda tanto de seguridad. Nuestro trabajo desde el Gobierno de la Provincia se ve ampliamente facilitado en los municipios que cuentan con intendentes que entienden la política”. Durante su gestión, se registraron por lo menos 15 muertes por gatillo fácil y torturas en Morón(1).

Fue secretario del bloque parlamentario del Frepaso. Luego, concejal de la Alianza Frepaso-UCR, y, de su mano, llegó a la intendencia, en 1999, con sólo 29 años. Sin inmutarse con los 39 muertos en todo el país con que su gobierno se despidió de la presidencia, recién en 2003, abandonó el barco frepasista y creó el partido Nuevo Morón. En 2004, lanzó el Encuentro por la Democracia y la Equidad (EDE), con el que logró la re-reelección en 2007. En 2009, se presentó como diputado nacional, proclamando su apoyo a Néstor Kirchner, a quien declaró, con Raúl Alfonsín, “los mejores presidentes de la democracia”.

Ahora, se candidatea para la gobernación, ofreciéndose como “lista colectora” del kirchnerismo, porque, como anunció: “Nosotros tenemos la firme decisión de acompañar a Cristina (...) y vamos a hacerlo en cualquier escenario y con cualquier ingeniería electoral”. En materia de burocracia sindical, pone sus fichas junto a Hugo Yasky, a quien apoyó en la interna de la CTA.

Para la elección porteña, proclamó al banquero del PC, Carlos Heller, acompañado por Vilma Ibarra, aunque Sabbatella aclaró que aspira a conformar un frente con Filmus, Tomada o Boudou. Cualquiera le viene bien.

Como buen “progre”, es un entusiasta defensor de la ministra Garré, a la que llamó compañera en “el trabajo, el esfuerzo y la militancia”, que le devolvió el halago hablando del “municipio modelo”. Un municipio donde los barrios pobres, como Carlos Gardel, San Francisco, San José y Texalar, están militarizados; donde hay 264 prostíbulos en pleno centro, regenteados por la policía, y donde cualquier hijo de un trabajador sabe que su destino puede ser el de Luciano Arruga.

Se radicaliza la persecución a los que luchan

La Presidente manifiesta su admiración por Pedraza

Aparentemente, a la burocracia sindical no le alcanzó el "gesto de respaldo" que le hizo el Gobierno enviando a Tomada en una fórmula para la jefatura de Gobierno Porteño, y ahora, para contrarrestar el encarcelamiento del asesino y socio de la Presidenta José Pedraza, se encarcela al "Pollo" Sobrero, el único luchador que le ganó una elección al Kirchnerista Pedraza, preso por ser el autor intelectual del cobarde crimen de Mariano Ferreyra.

En esta línea, el funcionario de Menem, Duhalde, Rodríguez  Saa, Néstor Kirchner, y actual “vocero” de la presidenta,  Aníbal Fernández, arrojó una catarata de injurias sobre el Diputado Nacional Fernando Pino Solanas. Es inadmisible que un hombre con los antecedentes de Aníbal Fernández sea todavía Jefe de Gabinete.

Solanas se solidarizó con los delegados detenidos de la Línea Sarmiento que fueron acusados de conformar una asociación ilícita en la causa que investiga los incendios ocurridos en mayo pasado en las estaciones Ramos Mejía y Ciudadela. “La persecución a los trabajadores debe ser rechazada, repudiamos la criminalización de la protesta social”, manifestó Solanas, lo que motivó las calumnias del Jefe de Gabinete.

Al respecto, el líder de Proyecto Sur dijo que “Aníbal Fernández es un hombre ligado a las más graves causas judiciales de la década. La absolución de la explosión de Río Tercero, la voladura del helicóptero en Campo de Mayo, la serie de suicidios con mano invertida que han sido encubiertos; todos absueltos, desde Menem hasta la seguidilla de 17 funcionarios vinculados a cada causa”.

Para finalizar, Solanas declaró que las calumnias hacia su persona “son actos que tienen gravísimas consecuencias” y que Fernández debería “investigar a Cirigliano y la mafia de los trenes que él mismo vació, y también la barrera levantada a 45º de la Estación Flores. El Gobierno tampoco hizo nada contra la CNRT que debería haber controlado las barreras. De todo esto, debería ocuparse Aníbal Fernández, un hombre que tuvo que escapar en el baúl de su auto cuando era Intendente de Quilmes por estar relacionado con el narcotráfico y todavía sigue siendo funcionario público”.

El heredero del título de Duhalde, el de “garante del narcotráfico en la Argentina”, es un ejemplo de Político profesional, medallista de salto en garrocha, por ir saltando de Gobierno en gobierno, amasando fortunas a costillas de los que trabajan y son sometidos a un servicio de transporte carísimo y de pésima calidad. Corrupto como pocos, el “Ministro Kaníbal”, nos obliga a reflexionar acerca de la corrupción y sus implicancias en la práctica.

El concepto de corrupción más conocido es el que aplicamos a diversas actitudes de funcionarios de los gobiernos que hacen a la falta de transparencia en muchos de sus actos, especialmente los relacionados con la disposición de los fondos públicos.  Como para bailar en el tango, se necesitan dos para producir un acto de corrupción: un corruptor y un corrompido. Por eso, la palabra  co-rupción viene de rotura de una posición realizada entre dos.

Hay otro significado que tiene que ver con la degradación de los cuerpos, su putrefacción.

El primero es el que más le interesa a la población, aunque no le preocupa a todas de la misma manera. Hay quien la ve como algo ya casi normal e inherente a todos los gobiernos. Esta actitud forma parte también del profundo individualismo, de la falta de solidaridad, ya que si se comprendiera que la corrupción se lleva la vida de muchos semejantes la visión cambiaría.

Si pensáramos que la corrupción, encarnada en inspectores municipales, funcionarios policiales, propietarios del local, se llevó la vida de 192 jóvenes en Cromagnon la veríamos de otra manera

Mas recientemente en el accidente del colectivo atropellado por un tren en Flores, con su resultado de 11 muertos y una cantidad no revelada de lisiados tiene también mucho que ver la corrupción, en este caso de funcionarios que deberían controlar y no controlan, empresas que deberían reparar y no  lo hacen, chofer que arriesga su vida y la de otros por ganar minutos en su recorrido..

En general, se prefiere quedar en lo anecdótico o morboso del desastre en lugar de indagar en las causas profundas de los accidentes y su relación con actos de corrupción. La visión de Proyecto Sur es indagar en esas causas. La mayoría de la veces hay involucrados funcionarios y empresas..

Todo esto forma parte de la corrupción del cuerpo social contra la que estamos comprometidos a luchar para que nuestros ciudadanos no deban seguir llorando la pérdida de tantas vidas.