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Controversia. La exploración de petróleo en Malvinas crece. La ley argentina
impone fuertes restricciones, pero hasta el momento no se aplica.
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Fue aprobada por el Congreso en abril, por unanimidad, para prohibir que trabajen en el país empresas vinculadas a intereses británicos en Malvinas. Afectaría a las más grandes mineras, que negaron tener intereses comerciales en el archipiélago o no contestaron.
Suena increíble. Pero es cierto. Una ley que el Congreso aprobó por unanimidad hace sólo ocho meses nunca fue cumplida por el Gobierno nacional, que se obstina en ignorarla y tratar de que pase al olvido.
Se trata de la ley nacional 26.659, sancionada el 16 de marzo y promulgada de hecho el 12 de abril, llamada Ley de Hidrocarburos.
Es un texto muy breve, de apenas nueve artículos más dos de forma, cuya principal determinación consiste en prohibir a toda persona o empresa que trabaje en el país desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado.
Es una ley que fue pensada como parte de la estrategia argentina para recuperar las Islas Malvinas y evitar que Gran Bretaña continúe enriqueciéndose con los recursos naturales de la región, en especial a través de la extracción de petróleo.
SOCIOS COMUNES
El costado más polémico de la ley está en su segundo artículo. Prohíbe también que toda persona o compañía localizada en la Argentina preste servicios o tenga cualquier tipo de participación en personas jurídicas que desarrollen actividades en Malvinas.
Si alguna empresa, por ejemplo, incumple esta ley y participa en las compañías extranjeras que trabajan en la plataforma continental usurpada por Gran Bretaña, será inhabilitada por un plazo que va de 5 a 20 años, además de sufrir las sanciones penales que le correspondan por violar la disposición.
Las sanciones no terminan ahí, sino que se prevé que quienes incumplan la ley sufran “el cese inmediato de las exenciones, facilidades impositivas o previsionales que pudieran habérsele concedido”.
En su artículo 3, la ley prohíbe realizar “actos de comercio, operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas, actividades de consultoría y/o asesoría” con cualquier empresa o persona que trabaje en la plataforma continental sin autorización de la Argentina.
¿Qué ha hecho que la ley nunca se haya cumplido y que el gobierno de Cristina Fernández evite por todos los medios hablar sobre ella? Quizá una respuesta pueda buscarse en las vinculaciones societarias que existirían entre los grupos dueños de las firmas petroleras que, violando la soberanía argentina, trabajan en Malvinas, y los grupos financieros dueños de las mineras que extraen oro, cobre y otros minerales preciosos de la Cordillera de los Andes.
Según señaló a La Voz del Interior el referente de Proyecto Sur Fernando “Pino” Solanas, “existen pruebas contundentes que demuestran que los mismos grupos financieros transnacionales que controlan las mineras auríferas del país son los dueños de las tres petroleras enviadas por el gobierno de Gran Bretaña a llevarse el petróleo de la plataforma continental argentina”.
DENUNCIA EN PREPARACIÓN
El detalle de estas vinculaciones será motivo de una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público que diputados nacionales de varios partidos pretenden presentar en febrero contra la Presidenta y las autoridades de la Secretaría de Energía de la Nación.
La presentación señalará que hay una coincidencia en quiénes son los dueños del 76 por ciento del paquete accionario de la minera Barrick Gold (explota las minas de oro Veladero y Pascua-Lama, en San Juan), el 55,9 por ciento de Gold Corp (explota las minas de oro La Alumbrera, en Catamarca, y Cerro Negro, en Santa Cruz) y el 40,5 por ciento de Anglo Gold Asanthi (explota la mina de oro Cerro Vanguardia, en Santa Cruz).
Esos mismos grupos financieros serían simultáneamente dueños de importantes porciones de capital de las tres petroleras autorizadas por Gran Bretaña para extraer hidrocarburos en Malvinas.
Tendrían el 33 por ciento de Rockhopper Exploration y Borders & Southern Petroleum, el 25 por ciento de Desire Petroleum y el 37,8 por ciento de Falkland Oil and Gas.
Los dueños comunes de las mineras que trabajan en Argentina y las petroleras que están en Malvinas serían, en primer lugar, Blackrock Group, propiedad del Bank of America (accionista de la minera Barrick y las petroleras Rockhopper, Desire Petroleum y Falkland Oil and Gas); en segundo lugar, el fondo de inversión estadounidense TD Asset Management, accionista de Barrick, Gold Corp, Rockhopper y Desire Petroleum y, finalmente, el banco Barclays, que además de ser accionista de Desire Petroleum está vinculado no con mineras sino con el canje de bonos realizado en 2010 por el Estado argentino.
Ignorada hasta el momento, la ley 26.659 debería ser puesta en marcha por la Secretaría de Energía de la Nación, que dirige Daniel Cameron, santacruceño muy vinculado al ex presidente Néstor Kirchner y a la actual jefa del Estado.
En caso de que se probaran los vínculos económicos, Cameron debería decidir la inhabilitación de las empresas que actúan en Argentina.
Además, la ley prevé que la Secretaría de Energía, que depende del ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, confeccione una nómina pública de quiénes trabajan en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado argentino.
La Secretaría no habría cumplido ni con este requisito a que la obliga la ley. Todas las consultas realizadas por este diario, por distintas vías, para obtener la palabra de Cameron o de cualquier otro funcionario de Planificación Federal sobre esta ley no obtuvieron respuesta.
Tampoco se explayaron sobre el tema las dos más grandes mineras auríferas que trabajan en el país. Barrick Gold afirmó a este diario que “la empresa no tiene ninguna participación en ninguna de esas empresas”. En realidad, la denuncia tampoco afirma eso: dice que comparte dueños comunes con las petroleras.
Desde Xstrata Copper, la empresa que explota La Alumbrera junto a Gold Corp, la vocera Emily Russell dijo a este diario que “Xstrata no desarrolla ninguna actividad petrolera ni tiene interés comercial o estratégico en trabajos de exploración en las Islas Malvinas”. Gold Corp, en tanto, no respondió los pedidos de información enviados a su oficina de prensa.
CONTRADICCIONES
La incomodidad que genera la ley en el Gobierno es tan evidente que ni siquiera ha sido reglamentada, pese a que estaba obligado a hacerlo en un plazo no mayor de 60 días desde su publicación en el Boletín Oficial, lo que ocurrió el 13 de abril. Igual, la ley entró en vigencia a los 90 días, a partir del 13 de julio.
Hay un contrasentido evidente en esta ignorancia de la ley y las medidas tomadas por la Presidenta el año pasado, cuando en febrero aprobó el decreto 256, tendiente a prohibir la circulación por aguas argentinas de buques que toquen puerto en Malvinas, como una manera de dificultar las operaciones de las empresas petroleras autorizadas por Gran Bretaña.
Un poco más atrás, en marzo de 2007, el Gobierno nacional emitió, a través de la Secretaría de Energía, la resolución 407, que creó un registro de empresas de exploración y explotación de hidrocarburos que trabajen en la plataforma continental argentina, para que no pudiera permanecer allí ninguna sin autorización del Estado.
Ahora, la actitud renuente a aplicar una ley que el Congreso aprobó aun con el voto de todos los legisladores oficialistas, plantea la pregunta de si el Gobierno está pensando en modificar su postura frente a la preservación de la soberanía sobre Malvinas, pese a las rutinarias declaraciones que los presidentes argentinos efectúan cada año ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.
El vicepresidente del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (Moreno), Félix Herrero, señaló a este diario que “las leyes no son opiniones: son disposiciones de cumplimiento obligatorio. La Presidenta está en una actitud débil frente a las petroleras europeas e incurre en un delito por no cumplir la ley. Esto tiene que ver con el caos legal actual con que se maneja el oficialismo, donde las leyes no se reglamentan o no se cumplen, y se crea, en cambio, un sistema institucional falso, ficticio”.
El abogado Ricardo Monner Sans denunció penalmente el año pasado al ministro de Economía, Amado Boudou, por haber aprobado una carta convenio que designó al Barclays Bank como coordinador global de la reestructuración de la deuda externa argentina. Barclays Bank había presentado una propuesta para la reapertura del canje de la deuda y –dice Monner Sans– Boudou la aceptó sólo seis días después, por medio de la resolución 267/09.
Apenas un mes antes, en septiembre de 2009 –recordó el abogado porteño en su presentación conjunta con el cordobés Francisco Llorens y el político Mario Cafiero– Barclays Bank se había convertido en el principal accionista institucional de la petrolera Desire Petroleum, una de las que trabaja en Malvinas, con el 4,45 por ciento de sus acciones.
Para poder operar en Argentina, y nada menos que con el Estado argentino en un asunto vital como la deuda externa, Barclays Bank debió, según los denunciantes, haber manifestado su vinculación accionaria con la petrolera Desire, ante el registro que debe llevar la Secretaría de Energía de la Nación que dirige Cameron. Eso le habría impedido participar de la operación, a menos que el Estado hubiera dado una autorización especial, desconocida hasta hoy.
Si no lo hizo, habría incumplido la resolución nacional de 2007. Y estaría violando la ley 26.659, que el Poder Ejecutivo Nacional no muestra esfuerzo por cumplir. Estas preguntas siguen sin respuesta porque el Gobierno no da información, pese a que la Presidenta sigue sosteniendo que Argentina “va a seguir, incansablemente, reclamando la soberanía” sobre Malvinas. Por ahora, una de las principales leyes que servirían para demostrar en los hechos ese propósito sigue sin ser aplicada por su administración.
Fuente: infosur
