El gobierno porteño, desconociendo la voluntad de los trabajadores de la educación, y sobornos, represión patoteril y policial mediante, ha asestado un nuevo golpe a la educación pública, al aprobar la eliminación de las Juntas de Clasificación docentes.
En la madrugada del pasado viernes 2 de diciembre, “entre gallos y medianoche” y entre sobornos, balas de goma y gases lacrimógenos, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, aprobó una ley que golpea profundamente a la escuela pública. Se trata de la ley que crea la Comisión de Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales (Coreap), formada íntegramente por miembros designados por el gobierno de turno, que anula el rol de garantes de la transparencia del ingreso y de la carrera docente de las Juntas de Clasificación, formadas por representantes docentes elegidos cada dos años (mayoría) y representantes del ministerio de educación (minoría).
Control y disciplinamiento
Con la creación de esta comisión, que comenzará a funcionar en 2013, todo lo que concierne a la designación y al ascenso de los docentes, en lugar de caracterizarse por la transparencia y la democracia que garantizaban las Juntas, se limita a las decisiones unilaterales del gobierno de turno, hoy el del Pro. Ahora, las Juntas pierden todo su poder y además de reducirse de 15 a 7, modificando su composición a favor del gobierno, se limitan a cumplir un rol de “contralor”.
Con la implementación de esta nueva legislación, el gobierno busca instrumentar el control y el disciplinamiento de los trabajadores de la educación, priorizando la selección de aquellos docentes que se ajusten a sus lineamientos políticos y castigando a los que no lo hagan. Esta ley trasciende al gobierno macrista actual, porque instaura una dependencia directa entre la designación de docentes por parte del gobierno de turno, coartando el carácter democrático de la educación pública y profundizando criterios privatizadores, tales como la selección del personal, no tanto por las aptitudes, capacidades y experiencia de los maestros, sino por la ideología. Es necesario recordar aquí que, desde que existen las Juntas de Clasificación, sólo habían sido derogadas por la dictadura militar.
Además, la promulgación de esta ley implica la modificación de 24 artículos del Estatuto Docente, que rige lo concerniente a las tareas y a los salarios. Así, no sólo la ley votada en la madrugada del viernes cambia los criterios públicos del ingreso y el ascenso en la docencia, hacia una orientación de control y disciplinamiento, sino que, además, se ha constituido en una avanzada gravísima, unilateral e inconsulta, sobre el Estatuto, una conquista esencial de los trabajadores de la educación.
Las Juntas de Clasificación fueron defendidas por la casi totalidad de los docentes porteños. Esto se puso de manifiesto en los paros masivos y en las crecientes movilizaciones de los últimos meses. Además, se evidenció en la masiva elección de Juntas en la que el 80% de los trabajadores de la educación respaldaron su permanencia.
El Estatuto del Docente, hace más de veinte años fue debatido y elaborado con la participación de todos los docentes, en jornadas institucionales en todas las escuelas. Es la bandera que nadie pone en cuestión entre los docentes. Para los maestros, el Estatuto no se toca.
Pues bien, la “Ley de Democratización, Transparencia y Modernización de las Juntas de Clasificación” que se votó es, justamente, antidemocrática y poco y nada transparente. El gobierno y los legisladores (Pro, Coalición Cívica) desconocieron las voluntades y las distintas expresiones de los docentes en lo que respecta a las Juntas de Clasificación y al Estatuto del Docente.
Primero, mandaron las patotas de Macri para garantizar la protección y el ingreso al edificio de los legisladores adictos, golpeando y amedrentando a los maestros. Las negociaciones previas a la sesión definitiva, se caracterizaron por las compras de votos con cargos para los legisladores salientes (puestos en el Banco Ciudad, entre tantos otros sobornos). Después, vino la represión directa con balas de goma y gases lacrimógenos tirados desde la legislatura y un extensivo operativo policial en las inmediaciones del edificio.
Es decir que 30 legisladores, amparados en la represión y accediendo a todo tipo de prebendas, violentaron, “en democracia”, la voluntad y la elección de miles de trabajadores de la educación.
Así actuó la burocracia
Es claro que el reciente conflicto docente cobró alcance nacional. La solidaridad con la lucha de los trabajadores de la educación se hizo llegar desde varios puntos del país y hasta el ministro nacional, Sileoni, se manifestó diciendo que los docentes porteños no tenían necesidad de hacer paros, es decir, apoyando la iniciativa del macrismo. Sin embargo, la CTERA se caracterizó por ser la gran ausente. Así como ayer aisló a los docentes de Santa Cruz, hoy hace lo mismo con los porteños, transformándose en cómplice de esta avanzada contra la escuela pública.
La conducción del sindicato mayoritario y de mayor influencia de la ciudad, la UTE, se dedicó a contener un movimiento que, en un determinado momento del conflicto, no pudo controlar y se encauzó, fugazmente, en algunas iniciativas de autoconvocatoria o de Ademys. Entonces, la conducción de la UTE apostó a la negociación y no a la lucha, llegando al punto de proponer la reducción de la cantidad de juntas y a boicotear cualquier intento de profundización del conflicto, ya sea con la nacionalización o con la adopción de un plan de lucha concreto que implique paros escalonados, y a reducir los ámbitos de participación al no convocar a plenario de delegados durante los días clave y decisivos.
En el momento de la votación, los docentes porteños se encontraron desarmados para proseguir la lucha, ya que el inicio de la represión bastó para dispersar al grueso de la movilización y encontró desorganizados a los sectores que estaban dispuestos a resistir. Más allá del paro en repudio a la represión convocado por Ademys, no existió ningún plan de acción puntual, ninguna medida de fuerza para los días por venir.
Esta situación nos pone por delante la tarea de reorganizar las fuerzas que se expusieron en la importante lucha protagonizada por los trabajadores de la educación, de avanzar en la disputa contra la burocracia sindical y de balancear la pelea dada en las calles para dar un paso más en organización, para que las luchas por venir nos encuentren en mejores condiciones.
