martes, 12 de abril de 2011

Bizarra intervención del FMI: ¿Relaciones carnales?



El 25 de Octubre de 2010 alguien dijo: “Hoy es el organismo con menor credibilidad en el mundo. Y si no hubiera sido por el G-20 el Fondo estaría peor”. “No hace falta que el FMI nos sancione”. Quien tuvo estas palabras para con el FMI fue Amado Boudou.
Hoy piden el asesoramiento del FMI los mismos que quisieron hacer creer a sus seguidores fanáticos que gracias a ellos la población argentina olvidaría el significado de esa sigla, y que con la llegada de Néstor y Cristina se había roto con esta institución, emblema de la usura internacional en detrimento de los pueblos oprimidos durante el neoliberalismo. Con esa fábula, el dibujo de los datos del IPC (conocidos como inflación) supuestamente era el “robo patriótico” de los “morenistas” en virtud de la soberanía, contra los intereses de los sectores de bonistas, del Club de París y del FMI, que especulaban y ganaban con los puntos de la suba inflacionaria
Como se denuncia en un documento de la CTA: “se persigue a los trabajadores del INDEC que se niegan a manipular los datos. Luego se convoca al FMI, mientras puertas adentro del organismo estadístico la persecución se encrespa con el intento de desaforar delegados, el despido de Facundo Lahitte y las sanciones sobre Lidia Davis, María Luisa Chávez y Roberto Ruiz, todos trabajadores cuya única falta fue manifestarse contra la manipulación y la mentira. (…)¿Qué tenemos que entender de estas actitudes?, ¿que el Club de París merece la mayor de las consideraciones, y los trabajadores ni siquiera el respeto de sus más elementales derechos laborales y sindicales?, ¿es más importante el visto bueno de los organismos financieros internacionales que la demanda popular de que no se le mienta a la sociedad con cifras en las que no creen ni las propias autoridades?”
El pasado lunes arribó al país una misión del Fondo Monetario Internacional que objetará y auditará el funcionamiento del INDEC. Este convite ofrecido por el gobierno nacional constituye un avasallamiento a la soberanía y representa una burla a los cientos de técnicos, organismos y universidades que pueden desarrollar con conocimiento propio una reforma integral del organismo que devuelva el prestigio y la excelencia que el INDEC supo tener. Cinco universidades nacionales han emitido un duro diagnóstico sobre la manipulación de las estadísticas oficiales pero, al mismo tiempo, han presentado un plan de regularización que le devuelva neutralidad científica y estadística sin necesidad de recurrir a los polémicos organismos internacionales que son cómplices y socios del histórico endeudamiento argentino.
Fue el ministro Amado Boudoú quien en noviembre de 2010 declaró que “Argentina no iba a bajarse los pantalones ante el FMI”. Esta retórica discursiva coincide con la hipocresía kirchnerista de presentarse como un movimiento progresista que, en la práctica, recurre a las mismas relaciones económicas que se utilizaron a partir de la década del noventa.
Nuestro país ya no debe permitirse la intromisión de organismos internacionales de crédito que vengan a condicionarnos medidas económicas ni de reforma de nuestros organismos. Esta visita esconde el acuerdo entre el Fondo Monetario con la Presidencia de la Nación para volver a endeudarse con organismos internacionales, resolver el pago de la deuda con el Club de París y el G-20.
El gobierno “progresista” que habilita silenciosamente la visita del FMI se contextualiza con otras decisiones escandalosas como el uso de reservas para pagar deuda pública, los decretos firmados por el Poder Ejecutivo que habilitan el pago sin discusión del Parlamento y la negociación para el pago con el Club de París que requería la visita del FMI.
Debe salir el proyecto de reforma del INDEC con técnicos locales que recupere las estadísticas para todos los argentinos. Las estadísticas deben ser públicas y para todos los argentinos. Jamás deben permitirse su manipulación y la reforma necesaria debe incluir la designación de funcionarios por concurso público de oposición de antecedentes, deber completamente autónomo y con control parlamentario y de un consejo consultivo que incluya a asociaciones de consumidores y a empleados del organismo.

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